Dinámica del saqueo — Poder y catástrofe

Al igual que del 27 de febrero de 1989, de la «Tragedia de Vargas» se puede decir «nunca nada será como antes» en la sociedad venezolana. Los dos acontecimientos extremos constituyen una «brecha» –para parafrasear el célebre título de la obra colectiva de Claude Lefort, Edgar Morin y Cornelius Castoriadis sobre el Mayo Francés de 1968– que marca corazones y espíritus, rompiendo el curso normal de la existencia. Para situarnos teóricamente, recordemos la relación problemática entre las ciencias sociales y el acontecimiento. Los antropólogos franceses Eric Fassin y Alban Bensa (2002) señalan con agudeza en un trabajo dedicado al acontecimiento, o más bien, a lo que hace al acontecimiento, que los grandes proyectos científicos sociales de la historia «crítica» siempre han combatido la «historia positivista», descalificada de antemano por ser una «sucesión» de acontecimientos y no entender los «procesos». Las ciencias sociales casi siempre han visto y estudiado el suceso singular buscando su repetición, es decir, en vez de verlo en su singularidad tratan de mostrar que su ocurrencia no es novedosa, que se inscribe en alguna serie, en una tradición cultural o en una lógica social (2002: 6). Desde una perspectiva clásica antropológica, lo «social», lo «humano» debería captarse en la trascendencia –estructuras de parentesco, invariantes, formas ritualizadas, etcétera– más allá de la contingencia que suponen los acontecimientos, eventos aislados y fuera de lo común, que de alguna manera «distraen» la atención del estudio de la vida «normal» de las comunidades o etnias estudiadas. Propongo entonces ir más allá de esta discusión y es por ello que el análisis del acontecimiento, del suceso –en tanto que objeto–, de la manera en que emerge en la historia y se le otorga sentido, forma parte de las interrogantes de las ciencias sociales y humanas de hoy.

En el caso venezolano, Graciela Soriano de García Pelayo (1989) planteó, de manera precursora, un «regreso del acontecimiento» en su análisis dedicado al 27 de febrero de 1989. Decía que «los mencionados sucesos han producido una de las mayores sacudidas interpretativas de los siglos» (1989: 82). De allí en adelante, la historia venezolana se convertiría en una vertiginosa sucesión de acontecimientos: los golpes militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, son ejemplos de la «aceleración» del curso de la historia contemporánea, constatada por Marc Augé en los años noventa (1994). Aceleración que, junto con el encogimiento del planeta propio de la globalización, disminuyen nuestra capacidad para interpretar la historia. Al igual que el presente planetario, el panorama venezolano se ha vuelto incómodo porque la perplejidad que constantemente nos embarga impide que nos dé tiempo de interpretarlo (Vásquez, 2003). En medio del vértigo desatado a partir de febrero de 1989, nos preguntamos cómo analizar entonces el sentido de acontecimientos tan dramáticos como precipitados, tan extremos como repetidos en la historia reciente del país.

Pienso particularmente en el caso del saqueo.

En Venezuela pudiera decirse que el saqueo es una práctica depredadora que marca la historia en el proceso mismo de constitución de la nación<a href="../../notas/notas.html#fn-14" id="ref-14">14</a>.

Avancemos la hipótesis de que, en la historia moderna, el saqueo está históricamente enraizado en la representación colectiva que aprueba la repartición «justa» del ingreso petrolero –pensado entonces como botín– y que, aunque extrema, dicha práctica tendrá siempre algo de legitimidad. En la medida en que sea percibida como una reivindicación de justicia social, el saqueo será «bueno». Habría que añadir, sin embargo, que los saqueos de la Tragedia fueron a su vez excepcionales porque estuvieron precedidos y fueron desencadenados por una catástrofe y no por un motín social.

Aceptados al principio como respuesta válida ante las trágicas circunstancias de la emergencia y ferozmente condenados pocos días después, cuando «degeneraron» en moralmente inaceptables para luego ser motivo de polémicas y controversias por las denuncias de las asociaciones de derechos humanos, sostengo que los saqueos de la Tragedia movieron los límites de lo moralmente tolerable en Venezuela. Para mostrarlo, adoptaré aquí la redefinición propuesta por una cierta antropología (Fassin, 2005b) de la noción de «economía moral», entendiéndola como la dinámica de un conjunto de valores y de normas que definen el «bien», lo «justo», lo «malo» y lo «injusto».

Se trata de una construcción de los valores y de su uso por parte de los actores sociales. Dicha articulación entre el valor y la manera en que éste es invocado, utilizado y justificado es un objeto en sí mismo que debe ser inscrito en una temporalidad, en la historia. Es decir, la economía moral es necesariamente diacrónica, porque los valores se combinan de una manera particular en un momento dado. La «economía moral» es la manera en que nuestro mundo moral es definido, por lo que una economía moral del saqueo como la que propongo no puede sólo fijarse en el análisis de la anomia de una situación social extrema que la justificaría –la catástrofe, la escasez– sino en los momentos en que la sociedad acepta el saqueo por deferencia o condena a los saqueadores e incluso exige que sean eliminados. Se trata de descifrar el proceso que hace que aquellos que practican el saqueo pasen de ser «justicieros» a «criminales» en el discurso de los mismos actores sociales.

A Carlos Andrés le tocó el 27 de febrero (fecha que hace referencia a los acontecimientos del Caracazo de 1989) y a Chávez le tocó la Tragedia.

Así definían mis informantes caraqueños y guaireños la magnitud del desafío que significó la catástrofe para el gobierno de Chávez. La comparación confirma que la revuelta del 27 de febrero de 1989 se inscribe en la memoria colectiva como un estado de anomia surgido de la escasez y de una profunda desesperanza, y que la catástrofe puso a prueba al gobierno del presidente Chávez dibujándole una coyuntura en los mismos términos. En todo caso, tanto el Caracazo como la Tragedia hacen surgir una tensión problemática de lo tolerable y lo intolerable en situaciones extremas, es decir, entre la justificación del saqueo y de la represión.

Repensemos los sucesos que tuvieron lugar hace ya más de veinte años. Durante el Caracazo, la represión fue ejercida sin límites por las fuerzas del orden, en particular por la Guardia Nacional, por el Ejército y la Policía militar. Durante tres días, tropas inexpertas hicieron frente a una situación sin precedente en la historia del país: abrían fuego con armas de guerra en respuesta a los tiros aislados de armas cortas, tanto en los barrios populares de Caracas y en otras ciudades como Valencia y Barcelona. La producción académica venezolana sobre estos acontecimientos es extensa. Margarita López Maya (2003) inscribe las razones de esta revuelta en las debilidades de las instituciones democráticas, que adolecían de mediaciones sociales y de representatividad, mostrando la regularidad del acontecimiento del saqueo al compararlo con otros momentos de vacío y frustración sociopolítica, como la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1936. Pienso, sin embargo, que su contribución adolece de entrevistas directas a los actores. Al no dar cuenta de manera empírica de las formas de subjetivación política –de las víctimas de los saqueos, de las fuerzas del orden, de los saqueadores mismos– su argumento central del 27 de febrero de 1989 como una manifestación de violencia de índole política se debilita.

El 27 de febrero de 1989 se trataría, más bien, como lo sostiene y demuestra Yolanda Salas (2001), de un episodio inaudito, un motín de escasez que engendró una violencia inusitada. Salas se apoya en una serie de entrevistas que dan cuenta de la manera en que el acontecimiento se inscribió en la memoria colectiva de la nación: no se trata de una epopeya guerrera de rebelión sino de un momento de sufrimiento y represión que penetró, quizás por siempre, el espacio vital de los barrios populares urbanos del país. La semántica de la represión del 27 de febrero no fue tanto política sino social.

Su «re-politización» vendría después, cuando los rebeldes bolivarianos elevaron el Caracazo como estandarte de justificación del golpe del 4 de febrero de 1992, como lo veremos detenidamente en la segunda parte de este libro, cuando analicemos la relación entre los grupos de izquierda que acompañaron al presidente Chávez durante su primer mandato y la ideología bolivariana.

Volvamos ahora a las condiciones de los saqueos durante la Tragedia. Al decretar el estado de emergencia el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente, que encarnaba en ese momento trágico la soberanía popular, no le otorgó plenos poderes al Presidente, como hubiera sido el caso al suspender las garantías constitucionales, sino que le permitió actuar con una latitud absoluta para definir lo que tenía que decidirse en nombre del bien común. Es decir, el estado de excepción fue de hecho y no de derecho. En aquellas situaciones que más justifican la intervención militar en nombre del argumento humanitario, la violencia está en el corazón de la excepción. La violencia se esconde siempre detrás de la razón de Estado y sale a la luz según las circunstancias. La intervención del Ejército venezolano en el estado Vargas en diciembre y enero de 1999 no escapa a esa regla. El Ejecutivo tomó la decisión de darle carta blanca al Ejército y a la Disip para acabar con los saqueos y los saqueadores a su manera, pensando quizás que ese era «el precio a pagar» para evitar una violencia mayor.

Es evidente que, por la necesidad y la mengua, el saqueo es un fenómeno ordinario después de una catástrofe en las sociedades contemporáneas.

Una revisión de la cubertura mediática de los desastres recientes en otras partes del mundo puede brindar suficientes ejemplos de ello (pensemos en los saqueos de la Nueva Orleans luego del paso devastador del huracán Katrina en agosto de 2006, por ejemplo). En el caso venezolano, los supermercados y comercios ubicados en las zonas menos afectadas del estado Vargas fueron saqueados al día siguiente de los deslaves más violentos la noche del 15 al 16 de diciembre de 1999. Me detendré en el día 15. Durante la mañana, las autoridades civiles intentaban darle curso a las elecciones pero las circunstancias lo impedían. Pedro Castillo (diputado en la Asamblea Nacional por el MAS en el momento de la entrevista) me contaba así las horas que vivió junto con Jaime Barrios y con Wilmer Torres.

Torres se separó del grupo porque se quedó con un grupo de personas en Carmen de Uria esperando que llegara la ayuda y murió en la avalancha de lodo y piedras que arrasó con el pueblo esa noche: Ya a las nueve de la mañana aquí en Guanape había nueve muertos, siete de una sola familia. La sa camos nosotros con los bomberos (de los escombros) y teníamos una situación crítica. En ese entonces ya teníamos una situación en Manopla y en Valle del Pino, en Carmen de Uria, en el río Mamo, y entonces nosotros pedimos que se suspendieran las elecciones, pero como no nos hicieron caso, convocamos a una rueda de prensa y dijimos que nos retirábamos de las mesas electorales. Ese día hicimos aún más presión sobre Defensa Civil para pedirle que bajara con equipos de salvamento. Por eso fue que ese día vinieron los de Defensa Civil a Camurí Chico y el río les llevo todos los equipos. El lugar donde querían instalar el comando para organizar los salvamentos era una escuela pero la junta electoral no quiso. Para que de todas maneras tuvieran que sacar después a la junta electoral en helicóptero. Nosotros habíamos dejado a Wilmer Torres en la playa de Carmen de Uria y habíamos venido a buscar comida para los niños. Todos los negocios estaban cerrados. Conseguimos comida en la panadería de Punta de Mulatos. El tipo nos conocía y nos donó toda la leche que tenía y unos sándwiches. Cuando íbamos por Caraballeda ya no pudimos pasar. A las doce de la noche, empezamos a ayudar a la gente de Tanaguarena, de Cerro Grande, de Jardín Botánico, y de ahí nos fuimos a Los Corales. Empezamos a sacar a la gente que estaba a la orilla del río y llevarla para la iglesia. Fueron cinco días sin dormir y sin comer. (Entrevista con el diputado Pedro Castillo. Sede del partido político MAS en La Guaira, junio de 2003).

Castillo presenció los saqueos y la narración de su experiencia ilustra la configuración de las situaciones extremas que se vivieron hasta el mes de enero en el devastado estado Vargas: (El 18 de diciembre) llegamos al auto mercado Caribe y lo estaban saqueando. Pensábamos que era un grupo de malandros pequeño y lo que se querían llevar era una caja fuerte. Entonces empezaron a romper las cosas, y entramos y los apuntamos, yo ando armado. Y resulta que después vimos que adentro había una banda muy grande y que todos los malandros estaban armados. Llegamos a un acuerdo, los dejamos que se llevaran la caja fuerte y organizamos a la gente para que se llevara la comida. Allí no había nada ni nadie, ni militares ni nadie. (Entrevista con el diputado Pedro Castillo.

Sede del partido político MAS en La Guaira, junio de 2003).

La narración del diputado Castillo apunta hacia una especie de normalización de la anomia, fórmula ciertamente paradójica pero que tiene mucho sentido para los venezolanos. Lo que él sostiene es que el saqueo se tenía que organizar para garantizar la mayor equidad posible en la distribución de los productos, es el intento de ordenar mínimamente el caos. Cuando conversábamos el diputado insistía en que había que dejar que los malandros se llevaran la caja fuerte, para evitar que se aprovecharan de la situación e impidieran el acceso a las mercancías a los que «realmente lo necesitaban».

De la narración de esta escena varias cosas saltan a la vista. La primera es el consenso que automáticamente aparecía entre los que conversábamos: «menos mal que no estaban allí las fuerzas del orden, menos mal que los militares no habían llegado todavía. Si no, imagínate lo que aquello hubiera sido». Compartíamos el acuerdo tácito de desconfianza hacia las autoridades en una situación como ésta, porque la presencia de uniformados no habría hecho sino «empeorar las cosas». Es más, la conclusión de la narración es que la negociación con los malandros había sido dentro de todo» un éxito porque que «la cosa había terminado bien, sin muertos ni heridos», lo cual habría sido imposible si los soldados hubieran estado allí. Es decir, no se trata de discutir el saqueo en términos de la legalidad o la ilegalidad –frontera ya de hecho bastante turbia en Venezuela– sino de subrayar que las cosas justamente se complican cuando aquellos que tienen la competencia militar la usan por su propia cuenta en las situaciones extremas y en los confines del estado de derecho<a href="../../notas/notas.html#fn-16" id="ref-16">16</a>.

Lo segundo es que la escena nos lleva a repensar algunos resultados de las contribuciones sobre El Caracazo del 27 de febrero de 1989. Pienso particularmente en el trabajo de Fernando Coronil y Julie Skurski (1991), análisis que se inserta en lo que ellos denominan la «semántica de la violencia social y política en Venezuela». El propósito de dicho artículo, escrito en 1991 y reeditado en el 2006 en un volumen dedicado a los estados de violencia, es demostrar que la reducción a la condición de «bárbaros» de los habitantes de los barrios de Caracas fue el mecanismo fundamental que funcionó para justificar la represión de los saqueos durante los sucesos del 27 de febrero de 1989. En efecto, es ciertamente innegable que la «barbarización del saqueador» es visible cuando se examina desde el punto de vista del discurso mediático y del poder político la justificación de los abusos cometidos por las fuerzas del orden, ya que constituye un ejemplo de construcción de una «alteridad violenta» propia a las situaciones de violencia social cotidiana que afectan a la sociedad contemporánea venezolana. Sin embargo, pienso que por tratarse justamente de una representación social dominante, la «barbarización» de los saqueadores mostrada por Coronil y Skurski no basta para comprender la manera en que se ejerce in situ la violencia letal de las fuerzas del orden. El problema, o más bien el límite de ese planteamiento es que muy poco sabemos de los repertorios de la acción violenta y de la acción represiva misma: ¿cómo y qué se saquea?

¿Cómo, para qué y a quién se reprimió? ¿Sobre quiénes se abusó y por qué?

Por mi parte, sostengo que las prácticas de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela en momentos extremos de anomia corresponde a una lógica de «represalia selectiva» (Tilly, 2003). Me explico: a partir del 17 de diciembre, las patrullas de los soldados y de la Disip realizaban las detenciones de noche, lo cual puede sonar paradójico dado que los saqueos se efectuaban de día. Durante el día, los efectivos realizaban una labor de inteligencia, de levantamiento de información sobre quiénes eran los saqueadores<a href="../../notas/notas.html#fn-17" id="ref-17">17</a>.

En pleno operativo de rescate y evacuación de los sobrevivientes de la tragedia pluvial, recibimos a partir del 17 de diciembre denuncias sobre un estimado que supera las sesenta personas que sufrieron las ejecuciones colectivas que se hicieron en masa –informó Cedeño, máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo de Vargas–.

Funcionarios de la Guardia Nacional, de la Disip y la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) cometieron excesos gravísimos de poder. Los más sanos fueron los efectivos del ejército –agregó–. (El Nacional, 11 de enero de 2000).

Apartir de las informaciones obtenidas durante el día, al anochecer se realizaban las redadas y se detenía a los denunciados en su propia casa o en los lugares donde supuestamente escondían la mercancía saqueada. Los ajusticiamientos de los saqueadores fueron, más bien, una práctica de represalia selectiva, entre otras. La práctica descrita de eliminación de «presuntos saqueadores» tendría que ver antes que nada con una suspensión oportunista de las mediaciones institucionales. La «barbarización» de los saqueadores viene después, cuando el poder político debe justificar las desapariciones y condenar los saqueos en los medios. Me atrevo incluso a señalar que estas ideas apuntan al desarrollo de un programa de investigación acerca de la violencia en Venezuela, centrado en las prácticas de la violencia y en la experiencia, más que en sus representaciones.

Releyendo el texto de Coronil y Skurski (1991) a la luz del análisis de los saqueos poscatástrofe, me atrevo a decir que la deshumanización de los saqueadores no tiene que ver sólo con su «barbarizacion», sino también con la invisibilidad jurídica y política de los arrestos. Esta invisibilidad se explica a dos niveles. El primero tiene que ver con que la represión de los saqueos se hizo sin ninguna formalización jurídica –es decir, la suspensión de las garantías constitucionales– para salvaguardar la idea de respeto al estado de derecho en el momento de reinicio, de refundación por la aprobación de la nueva Constitución. Veamos un ejemplo de los testimonios analizados de los expedientes que denuncian las ejecuciones extrajudiciales de los supuestos saqueadores: Tres de la tarde del domingo 19 de diciembre de 1999. Una patrulla de la Disip, compuesta por un jeep Toyota y tres motos, detiene a tres hombres, los ponen de rodillas y les disparan. Luego tomaron los cuerpos, los embarcaron en el jeep y se fueron en dirección de Quebrada Seca<a href="../../notas/notas.html#fn-18" id="ref-18">18</a>.

Ytraigamos a colación el contexto político e institucional: el Ejecutivo, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Presidente, establecieron un decreto de estado de alarma el 17 de diciembre. Pero, como ya lo hemos señalado, dicho decreto no contempla la posibilidad jurídica de establecer formalmente el toque de queda en la zona afectada. Dicho toque de queda tuvo lugar de hecho, sin que se formalizara la restricción de la circulación. «No circular» era el «consejo» –un eufemismo de los militares para indicar una orden dirigida a los civiles– que daban las autoridades, so pena de recibir un disparo si no se respetaba la voz de alto. Ese toque de queda, nunca decretado formalmente, establecía la prohibición del libre tránsito a partir de las 7 pm, la obediencia inmediata a la orden de alto y el deber de presentar documentos de identidad o en su defecto un salvoconducto. Los agentes estaban autorizados a abrir fuego contra aquellas personas que no obedecieran las órdenes. La periodista Vanessa Davies reseñaría posteriormente la situación así: En el litoral opera un toque de queda no admitido ni ordenado públicamente por el presidente Chávez, pero implantado con mano férrea por los militares a partir de la catástrofe: cualquier bulto que se mueva entre 7:00 pm y 6:00 am en las otroras calles de Caraballeda o La Guaira, recibe como saludo la voz de alto y el traqueteo de los fusiles.

Las redadas se efectuaban con patrullajes nocturnos en las zonas residenciales que todavía estaban en pie y cercanas a las zonas comerciales y residenciales devastadas. La orden era de acabar con todos aquellos que, sin escrúpulos, robaban a las víctimas de la Tragedia<a href="../../notas/notas.html#fn-19" id="ref-19">19</a>. Las redadas no arrestaban a los saqueadores in fraganti sino que procedían a hacerlo fuera de la escena del saqueo. Este modo de actuar despertaba –y despierta– suspicacia tanto en los informantes como en el investigador, porque pareciera que la ejecución de las redadas era un asunto entre presuntos saqueadores y agentes de las fuerzas del orden que negociaban el botín del saqueo.

Veamos por ejemplo, en el caso de la desaparición de Oscar Blanco, cómo la familia narra el momento de la detención, último momento en que su familia lo vio vivo, en el expediente judicial: El 21 de diciembre de 1999, un grupo de soldados paracaidistas se presentó en la casa de Oscar Blanco en Valle del Pino, Caraballeda, y le dieron la orden de salir. Al interior de su casa, su mujer y sus hijos gritaban rogando que no dispararan. Los soldados entraron y revisaron buscando mercancía saqueada. Luego llegaron agentes de la Disip y se lo llevaron. Oscar Blanco continúa desaparecido<a href="../../notas/notas.html#fn-20" id="ref-20">20</a>.

La interacción que se da en esta escena entre Blanco, su familia, los soldados y los agentes de la Disip muestra los límites del razonamiento de Fernando Coronil y Julie Skurski según el cual la violencia de Estado luego de los saqueos sería la expresión final del proyecto abortado de «sociedad dominante» de «civilizar a los bárbaros» que se resisten a la modernidad, encarnados en el «pueblo saqueador». Si bien es cierto que existe una «barbarización del saqueador» en los «discursos