Desde el 5 de diciembre de 1999 los noticieros de televisión advertían la situación difícil que se vivía en Vargas y Caracas a causa de las lluvias. El gobernador de Vargas, Alfredo Laya, declaró la «emergencia administrativa» en su estado para tener más recursos para enfrentar la situación, que ya se vislumbraba crítica a comienzos del mes de diciembre. En estos elementos se apoyaron posteriormente voceros de la oposición al presidente Chávez, que cuestionaron el desempeño de Defensa Civil y del gobierno, declarando que una evacuación preventiva habría evitado un número importante de muertos y heridos. Los deslaves masivos tuvieron lugar en la noche del 15 al 16 de diciembre. Esa madrugada, los grupos de rescate funcionaron sin cruzar información ni coordinar acciones de manera sistemática entre ellos. Durante la emergencia, Defensa Civil y grupos de rescate trabajaron sin descanso, sin recursos y sin personal suficientes para responder adecuadamente a las circunstancias catastróficas que afectaban a miles de personas.
Antes de la fatídica noche del 15 al 16, «el problema de las lluvias» era reseñado por la prensa como una contingencia que entorpecía el desarrollo de los comicios: El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Protección Civil de manera conjunta van a desplegar un «operativo especial» el día del referéndum en las zonas donde la circulación ha sido restringida (a causa de las lluvias) para poder transportar a las personas a las mesas electorales.
Para el Ejecutivo, la prioridad era vencer las condiciones adversas al buen desarrollo de los comicios referendarios<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-9" id="ref-9">9</a></sup>.
Los informes de la Fuerza Aérea venezolana anunciaban que las condiciones meteorológicas empeorarían las veinticuatro horas siguientes, por lo que el Ejecutivo decidió desplegar todos los medios extraordinarios para garantizar la realización del referéndum constitucional, a pesar de las condiciones climáticas. Para ello, se desplegó, con mayor antelación que la acostumbrada, el llamado Plan República, que consiste en enviar tropas del Ejército a los centros de votación, vigilar el material para el escrutinio y, el día de las elecciones, garantizar la «seguridad y el orden»<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-10" id="ref-10">10</a></sup>.
El 14 de diciembre el entonces ministro de la defensa, general Raúl Salazar, declaraba en la televisión que: (…) aunque ya se habían instalado 30 mesas electorales en el estado Vargas, se intentará instalar aquellas que estaban en los sitios más afectados por las lluvias utilizando helicópteros (sic)<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-11" id="ref-11">11</a></sup>.
Mientras el Ministerio de la Defensa, encargado de ejecutar el Plan República, declaraba su intención de instalar mesas electorales por helicóptero, si fuera necesario, Defensa Civil perdía progresivamente el control de la tarea de organizar el salvamento masivo que se avecinaba<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-12" id="ref-12">12</a></sup>. En la mañana del 16 de diciembre de 1999, los grupos de rescate de Caracas comenzaron a intercambiar mensajes sobre lo que había ocurrido y a buscar medios de transporte para «bajar al litoral». Todos habían recibido llamadas desesperadas de auxilio efectuadas por teléfonos celulares cuyas baterías desfallecían. Algunos de ellos estaban en alerta por las lluvias, los derrumbes y deslizamientos de terreno ocurridos los días anteriores y que ya habían dejado alrededor de 10 mil damnificados en los estados Miranda, Yaracuy, Anzoátegui, Falcón y Zulia.
Para realizar esta parte del estudio, tomé como referencia un grupo de rescate, la Organización de Rescate Humboldt (ORH), que estuviera vinculado con el Ministerio del Interior y con Protección Civil, para así reconstruir el funcionamiento de las instituciones de salvamento durante la crisis. Su director, Enrique Martín Cuervo, experto en desastres, operaciones de búsqueda, salvamento e investigación de accidentes, llevó una bitácora en la que relata la vivencia de la crisis de los socorristas desprovistos de medios para acceder eficazmente a la zona. Las primeras operaciones de rescate se desarrollaron del 16 al 18 de diciembre. Los helicópteros de la ORH, junto con los de Protección Civil y de otras grandes empresas que prestaron su colaboración, como las Empresas Polar, llevaban a los rescatados al aeropuerto internacional de Maiquetía, situado también en el estado Vargas, y a la base aérea de La Carlota, en Caracas. Pero los helicópteros no podían posarse fácilmente a recoger la enorme cantidad de personas que esperaban ser rescatadas en los techos de las casas, las azoteas de los edificios e incluso en las copas de árboles. Los sobrevivientes que lograban llegar caminando a los campos de golf del Club de Caraballeda eran rescatados rápidamente porque los helicópteros accedían fácilmente a esa área, plana y despejada.
Sin embargo, durante esa etapa el rescate fue extremadamente lento en relación con la magnitud del desastre y la cantidad de damnificados que esperaban ayuda. Los helicópteros de las organizaciones privadas eran muy pequeños y la tarea era desmesuradamente grande para este tipo de aparatos; la hora era de las Fuerzas Armadas nacionales e internacionales. El 18 de diciembre un avión militar proveniente de la base francesa de Martinica instaló un hospital militar de campaña y carpas para albergar a las víctimas y en las horas siguientes llegaron helicópteros de los Estados Unidos.
La tensión entre los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, los miembros de los grupos de rescate y los funcionarios del gobierno generó desacuerdos sobre la manera en que debía efectuarse el salvamento. Entre el 16 y el 18 de diciembre, las peleas y los insultos en la sede de la célula de crisis del Ministerio del Interior en el aeropuerto de Maiquetía generaron un ambiente de discordia que hizo inmanejable las operaciones. Las disputas concernían a las jerarquías institucionales de los diferentes cuerpos involucrados: Defensa Civil, Ministerio del Interior y Fuerzas Armadas. Los expertos denunciaron que fueron relegados y desplazados por los oficiales de las Fuerzas Armadas que imponían autoritariamente sus puntos de vista y sus maneras de hacer. «Cualquiera llega a las oficinas de Defensa Civil y da órdenes y contraórdenes», decía un informante haciendo una referencia velada a los uniformados.
En el contexto de la emergencia, el control de los vuelos en helicóptero se había convertido en una fuente de poder para funcionarios, periodistas y curiosos porque permitía tener acceso a la información visual a través de videos y fotos.
Para entender las trifulcas entre funcionarios por montarse en los helicópteros es preciso tener en cuenta un elemento de la cultura pública institucional venezolana: controlar y disponer de medios de transporte –carros, camionetas, jeeps y eventualmente helicópteros y aviones– son unos de los mecanismos fundamentales del ejercicio del poder de los funcionarios. El poder de un gobernador o de un alcalde será siempre proporcional al tipo de vehículo y al tamaño de la flota de la que pueda disponer y que pueda movilizar. Así, las numerosas disputas que me fueron referidas entre miembros del gobierno, rescatistas y militares ilustra algo más que una controversia por puntos de vista divergentes sobre la gestión de la crisis. Al analizar estas escenas, queda en evidencia que manejar una crisis no es tanto una cuestión de eficacia sino de ejercicio del poder. Y ello por la razón siguiente: porque la crisis es un momento de consolidación de liderazgo de los funcionarios y reposicionamiento en las jerarquías. El poder se ejerce siguiendo líneas de acción personales que se inscriben en una lógica política. Podría decir incluso que la crisis –y evidentemente este fenómeno es más visible en las situaciones de guerra que en el manejo de los desastres– es un momento que marca de manera decisiva el futuro de las carreras políticas de los actores involucrados.
La gestión de la crisis puede, a su vez, generar otras catástrofes, otras desgracias, como lo muestra esta escena, que supera en dramatismo a las disputas ya comentadas. Los accidentes de dos helicópteros durante las operaciones de rescate alargaron trágicamente la lista de víctimas fatales de la catástrofe. En uno de ellos, el piloto tenía más de 24 horas sin dormir y no vio los cables que atraviesan las faldas de la Cordillera de la Costa. En efecto, los pilotos que frecuentan las montañas de El Ávila deben familiarizarse con una maniobra especial y delicada para controlar el aparato si éste llegara a enredarse en los cables. Pero el piloto estaba agotado y no tuvo los reflejos necesarios para realizar la maniobra. En lugar de irse a descansar después de haber efectuado un determinado número de horas de vuelo, como lo preconizan los protocolos de seguridad, el piloto aceptó una oferta privada de una familia adinerada que quería evaluar el estado de una propiedad en la costa. Todos perecieron en el accidente.
Entre el 17 y el 30 de diciembre, helicópteros de voluntarios civiles y naves militares evacuaban simultáneamente a las víctimas que se concentraban en grupos en los claros de la zona devastada. Sin embargo, los aparatos no operaban bajo la misma coordinación ni los radares funcionaban bajo la misma frecuencia. Sobre las pistas del aeropuerto de Maiquetía, los aparatos civiles y militares se cruzaban peligrosamente en el aire y en las pistas de aterrizaje. El personal de salvamento me explicaba que los militares se negaban a poner bajo la misma frecuencia sus aparatos con los de la aviación civil «por razones de seguridad», y los controladores aéreos estaban perdidos en un sinfín de órdenes y contraórdenes. Un entrevistado me contó la discusión acalorada que había tenido con un militar de alto rango cuando le exigió la sincronización de las frecuencias de radio. La repuesta fue una amenaza de meterlo preso. «Lo que el tipo no sabía es que yo tengo un compadre que tiene más adornitos dorados que él en las hombreras», me decía entre risas mi informante, satisfecho de poner en su sitio al poderoso que había menospreciado su conocimiento técnico.
Todas estas anécdotas muestran que la gestión de la crisis, aun comandada por militares, estuvo lejos de haber sido, como se señala en los informes oficiales, una «colaboración interinstitucional armoniosa» y que tuvo incluso un efecto catalizador en las tensiones entre el presidente Chávez y el ministro de la Defensa, general Raúl Salazar. A finales de diciembre, cuando el alto mando militar había asumido el control de la situación, el general Salazar solicitó personalmente al presidente Bill Clinton el envío de cuatro helicópteros Chinok, de ocho Black Hawk y de dos Galaxy para finalizar la evacuación total de las zonas afectadas. Además, Salazar aceptó, en un principio, la sugerencia del gobierno estadounidense, a través del cuerpo de ingenieros militares, de participar directamente en la reconstrucción de los puentes del estado Vargas destruidos por el deslave. El presidente Chávez rechazó tal acuerdo, insinuando que los intereses de los Estados Unidos en reconstruir la zona no eran humanitarios sino políticos o, más bien, conspirativos. Sin embargo, ese aspecto nunca apareció en la narración de mis informantes. Al principio, el rechazo de la ayuda de Clinton fue interpretado como un error diplomático. Más tarde se entendería mejor que tal actitud correspondía a la postura general antinorteamericana en la política exterior del régimen bolivariano. El incidente generó la salida del gabinete, y posteriormente el dis tanciamiento definitivo del régimen, del ministro Raúl Salazar, quien tenía una relación con Hugo Chávez de larga data porque había sido el Comandante de la tercera división del Ejército entre 1992 y 1994, cuando el futuro presidente estaba preso en la cárcel de Yare por los golpes de Estado fallidos de 1992 (Barrera Tyszka y Marcano, 2004).
Las situaciones del salvamento son evocadas por los entrevistados como «el colmo del despelote venezolano». Expresión que denota el desorden, la desorganización, la anarquía, la desobediencia, la ausencia de respeto a las consignas que caracterizarían la gestión gubernamental de las situaciones excepcionales en Venezuela. Un «despelote» además difundido por los medios y dicha difusión se convertiría en parte del desastre. Los canales de televisión transmitían sin editar las imágenes captadas en directo de la zozobra, el dolor y la angustia de los que estaban en la zona de la catástrofe.
Víctimas y periodistas lloraban juntos ante las cámaras y los micrófonos de radio. Además, RCTV y Venevisión ponían en el aire diferentes listas de rescatados, obtenidas por diferentes censos, sin concordancia alguna. Un socorrista que había participado en las labores de rescate me decía: ¡Para poder escuchar todos los nombres de las personas rescatadas había que tener varios televisores encendidos al mismo tiempo en diferentes habitaciones! Ninguna de las listas que se transmitían por los medios coincidían.
Durante la crisis, el desempeño de los medios de comunicación venezolanos estuvo muy lejos de lo que recomiendan los manuales internacionales durante las catástrofes: la emisión con serenidad de mensajes claros y concisos para orientar eficazmente a los afectados. Fue la gran paradoja nacional de la entrada al siglo XXI: en la víspera del año 2000, las fallas que afectaban a los medios de comunicación venezolanos no eran ocasionadas por los desperfectos tecnológicos del temido «efecto YK2000», sino por las emociones desbordadas.
El extravío de niños damnificados durante y después del salvamento fue también consecuencia de la falta de coordinación de las actividades entre los diferentes cuerpos que llevaron a cabo las operaciones de rescate. Numerosos niños fueron reportados como desaparecidos una vez que fueron alojados, sin sus representantes, en diferentes lugares de la capital. Niños que habían sido identificados por testigos nunca aparecieron ni en los registros ni en los censos de las instituciones que se hicieron cargo de ellos. Las desapariciones de los menores de edad remiten en efecto al profundo desorden que reinó en la evacuación y el salvamento, principalmente por aire, que llevaron a cabo los militares después del 17 de diciembre.
Los testigos declaraban en las entrevistas que durante la evacuación de las zonas afectadas los oficiales del Ejército tomaron la errada decisión de separar a las familias al momento de embarcarlas en los helicópteros: mujeres y niños por un lado y hombres por el otro, antes de hacerlos abordar los helicópteros de guerra. Un socorrista decía al respecto: ¡Yo creo que los tipos (los oficiales) habían visto la película Titanic y dijeron, «mujeres y niños primero!» (Risas). Bueno, en serio, es que los militares no entienden que a las familias no hay que separarlas, que deben permanecer unidas en todo momento durante el salvamento. Obligaban a la gente a separarse de sus mascotas, cuando éstas son esenciales para la recuperación de las víctimas. Los militares no tienen ninguna preparación para hacerle frente a un desastre de ese tipo. (Socorrista. Grupo de Rescate. 5 de agosto de 2003).
Las familias tuvieron que arreglárselas después para reencontrase y muchas no lo lograron sino meses después. Incluso algunas nunca lo lograron, o sintieron no haberlo logrado porque quizás los familiares declarados vivos en censos mal elaborados estaban en realidad desaparecidos. En principio, los protocolos de salvamento recomiendan hacer un censo de sobrevivientes al momento mismo de la evacuación, porque las víctimas frecuentemente han perdido sus papeles de identidad<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-13" id="ref-13">13</a></sup>. Pero no hubo censos en el momento mismo del salvamento de la Tragedia, sino al menos una semana después.
Todavía hoy están desaparecidos niños a los que testigos afirman haber visto vivos y que incluso fueron reconocidos en las pantallas de televisión por familiares o amigos. No sólo los militares no realizaban censos de los rescatados que trasladaban al aeropuerto de Maiquetía, sino que, además, no respetaban los que ya habían sido hechos por los socorristas civiles. Sin consultar a las familias, las trasladaban posteriormente en aviones militares a distintos fuertes en el interior del país sin notificarles a los que se quedaban el destino final de sus parientes, sin que pudieran avisar a sus familiares. La madre y los hijos podían encontrarse en Valencia mientras que el padre en Barquisimeto, sin que nadie les pudiera informar del paradero de los unos a los otros. Las instituciones que manejaban los albergues –FUS, Plan Bolívar 2000– poco, por no decir nada, se ocuparon de la reunificación de las familias separadas por el salvamento, por lo cual muchas de ellas tardaron meses en reencontrarse.
Nunca se ejecutó un plan de reunificación familiar porque la separación arbitraria no fue considerada por la institución militar como un problema.
Resumamos entonces los tres elementos de la representación colectiva del desorden durante la emergencia de la Tragedia. El primero es el sentimiento de abandono de los damnificados cuando alegaban en las entrevistas que ninguna de las instituciones gubernamentales había asumido claramente la responsabilidad de organizar el salvamento. Es preciso aclarar que con este análisis no quiero minimizar el esfuerzo de las organizaciones que participaron en el rescate, en particular Defensa Civil.
En efecto, estas líneas no persiguen elaborar una evaluación del desempeño de los rescatistas. De lo que se trata es de explorar el sentido que se le dio a la vivencia de la emergencia y de vincularlo con situaciones que ponen en juego el ejercicio del poder y la autoridad en Venezuela. Así, el sentimiento de los damnificados, afectados e incluso de los propios rescatistas es que hicieron frente a la situación «solos»; el Estado «brilló por su ausencia».
El segundo es la percepción generalizada del «mal funcionamiento de las instituciones» y la aplicación de medidas arbitrarias por parte de los poderosos, en particular los militares. Uno de los rescatistas decía que aun cuando en el aeropuerto de Maiquetía se debía aplicar el Plan Operativo Vigente (POV), que comprendía el cierre del aeropuerto al público para que éste pudiera servir de base para manejar eficazmente la emergencia, no se pudo hacer porque las fuerzas del orden no se entendieron entre ellas. Lo que ocurrió fue que la Guardia Nacional decidió hacer del aeropuerto un gran refugio, lo que eliminó cualquier posibilidad de hacer de este sitio un centro de operaciones y de coordinación de la logística del rescate. Un informante me decía, de la manera más coloquial: «lo que hicieron fue dejar que el barrio se metiera en el aeropuerto». Se perdió así la oportunidad de establecer una cadena de mando y de supervisión de tareas entre civiles y militares.
El tercero es la superposición de competencias institucionales, como lo muestra la escena de funcionarios que se disputaban por volar en un helicóptero. La escena, quizás ridiculizada en el relato de mis informantes, es emblemática de la representación de la «actitud siempre oportunista» de aquellos que detienen el poder, que desean