De «ángeles bolivarianos» a «chivos expiatorios» Los acontecimientos de Vargas causaron la «primera crisis de gabinete» que degeneró en crisis de gobierno. Temir Porras Ponceleón (2000: 13), joven asesor del gobierno bolivariano formado en las filas de la Escuela Nacional de Administración (ENA) de París, calificaba la Tragedia con el eufemismo de «catalizadora de las contradicciones del Polo Patriótico», para explicar el resquebrajamiento de los lazos de confianza entre los oficiales bolivarianos que formaban parte del gobierno de Hugo Chávez. A causa de las denuncias de las «desapariciones forzadas» el 22 de enero de 2000, Jesús Urdaneta Hernández, el recién nombrado director de la Disip, renunció a su cargo. Urdaneta Hernández es un comandante retirado del Ejército que formaba parte de los místicamente bautizados por la periodista Ángela Zago (1998) «Ángeles bolivarianos», miembros de una logia clandestina del Ejército que conspiraba desde principios de los años ochenta. En dicha logia se gestó el golpe de estado fallido del 4 de febrero de 199229. Urdaneta Hernández le explicó su versión de la crisis que lo sacó del cargo a Agustín Blanco Muñoz<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-30" id="ref-30">30</a></sup> (2003: 199), quien lo califica de «comandante irreductible». El calificativo sugiere que, a diferencia de Chávez, Urdaneta Hernández no había cedido a las tentaciones del poder y se mantuvo fiel a las convicciones y principios de los inicios del movimiento insurreccional. Urdaneta Hernández expone allí una teoría según la cual la denuncia de los abusos policiales no sería inocente, sino que tras ella se escondería una conspiración destinada a apartar a Urdaneta Hernández del círculo presidencial.

Según Urdaneta Hernández, el complot consistía en culpar a los agentes de la Disip de «todo lo que había pasado allí» y que «sólo eran sesenta» en la zona sin tomar en cuenta que había 8.000 soldados del Ejército desplegados<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-31" id="ref-31">31</a></sup>. En esta versión, los periodistas que denunciaron los abusos eran «peones del canciller José Vicente Rangel» quien, deseoso de ver a Urdaneta Hernández excluido del círculo de confianza del Presidente, fabricó pruebas contra los funcionarios de la policía política (Barrera Tyszka y Marcano, 2005).

En dicho tomo, Urdaneta Hernández da cuenta de las tribulaciones de sus últimos días como director de la Disip: Produjeron una corriente de opinión negativa contra mí (…) es posible que soldados y funcionarios de la Disip hayan cometido delitos de desaparición forzada, pero, chico, ¿qué tengo yo que ver con eso?

(Blanco Muñoz, 2003: 199).

Según él, el «chavismo duro» buscaba involucrarlo en el «caso Montesinos», escándalo transnacional cuyo protagonista, el fugitivo jefe de la policía peruana de Alberto Fujimori, acusado de corrupción se habría escondido en Venezuela bajo protección de la Disip. Según Urdaneta Hernández, las denuncias de los abusos cometidos en Vargas no fueron sino un pase de cuentas por una operación de limpieza que él había lanzado en el organismo para retirarles las placas de identificación a más de 600 agentes que operaban irregularmente en los servicios de inteligencia (Blanco Muñoz, 2003: 241). Más que subrayar la contradicción que se evidencia en las declaraciones de Urdaneta –cuando de una manera casi paternal clama la inocencia de sus agentes, mientras que al mismo tiempo reconoce que el cuerpo policial que dirigía estaba minado por corrupción y prácticas conspirativas– interesa desglosar la manera en que el comandante construye su rol de «chivo expiatorio». Su versión no parece tanto dar cuenta de una conspiración que se proponía alejarlo de su cargo, teoría que, como todas las que denuncian un complot o una conspiración alimenta antes que nada el ego del que la difunde. Lo que aparece más bien es un choque, una confrontación entre las características de los personajes que tenían que convivir a la fuerza en el seno del Polo Patriótico: la hipocresía sin fisuras de José Vicente Rangel y el ejercicio vertical de la autoridad de Jesús Urdaneta Hernández, que, como buen militar, es muy poco dado a dar explicaciones de sus actos a las instituciones civiles.

Vemos entonces cómo se van entrelazando los elementos de una crisis política, nuestra expresión nacional de la «época de ansiedad» (Parish, 2001) globalizada en la que reinan los complots en la esfera política, que minan las bases del entendimiento democrático. Para las instituciones del Estado, los asuntos a investigar se transmutan por el rumor. La cuestión no es entonces ni la impunidad de los actos cometidos por los saqueadoresni el uso desmesurado de la fuerza pública por parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad, sino una conspiración global, subyacente y que intenta explicarlo todo, destinada a destruir determinados componentes del gobierno y a reemplazarlos por otros. La precipitación ansiosa de la respuesta gubernamental –la violenta destitución de Urdaneta Hernández y su sustitución por Eliécer Otaiza, nuevo hombre de confianza cercano a Chávez y salido también de las filas del Ejército– no hizo sino reforzar la impunidad, y las instituciones de la recién fundada República Bolivariana continuaron eludiendo sus responsabilidades. La decisión del presidente Chávez de retirar su apoyo a Urdaneta y de ratificar la versión de Otaiza nombrándolo director de la Disip quedó a fin de cuentas sin explicación oficial. La crisis política fue «resuelta» en la medida en que se puso en escena el restablecimiento de los lazos de confianza y de fidelidad entre los miembros de los círculos de poder, independientemente de los resultados de los procesos judiciales.