Un general del Ejército de los Estados Unidos encargado de comandar las acciones militares para hacer frente al paso del huracán Andrew en Florida a finales del mes de agosto de 1992 decía que el salvamento de lo que se trataba era de (…) el abuelito de todas las operaciones de asistencia. Nos aproximamos a esto como si fuera una guerra, excepto por el hecho de que las tropas están en el terreno para ayudar a la gente, no para matarla<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-44" id="ref-44">44</a></sup>.
(Yelvington, 1997: 92).
Las declaraciones del general Gore adquirían todo su sentido en el contexto histórico global porque su comparación parafraseaba a Saddam Hussein cuando se decía listo, a comienzos de 1991 durante la Primera Guerra del Golfo, a librar «la madre de todas las batallas» contra la coalición internacional liderada por los Estados Unidos. El desempeño militar durante una catástrofe y el despliegue de las Fuerzas Armadas durante una situación bélica se rigen en efecto por protocolos similares, inherentes a la organización de la institución militar misma. El análisis sobre la gestión de la crisis que genero el huracán Andrew a su paso por Florida en 1992 de Harvey Arvech y Milan J. Dluhy (1997) muestra cómo todas las agencias estadounidenses que intervinieron en la gestión de la emergencia –FEMA, centro de operaciones de emergencia del condado de Dade, etcétera– aprobaron sin reparos el envío de tropas a la zona devastada porque existía un consenso generalizado en la opinión pública en cuanto a la presencia militar.
Durante una catástrofe, en lugar de atacar, se salva, y el salvamento es una operación más que se planifica dentro de la misma lógica militar. Para ello lo primero es controlarlo todo, en particular la circulación. Sólo la planificación de operaciones permite a las Fuerzas Armadas mantener el territorio ocupado bajo control. Sin embargo, esto conlleva a una transferencia de responsabilidades de los poderes civiles locales a las organizaciones militares o paramilitares, que evidentemente trae consecuencias políticas que trascienden ampliamente la esfera local.
En efecto, si damos una mirada al mundo actual, marcado por catástrofes recurrentes como el tsunami intercontinental del océano Índico de diciembre de 2004, por los huracanes Katrina y Rita en los Estados Unidos en mayo 2005, las inundaciones en Centroamérica y Haití, y a su vez sacudido por el desenlace incierto de la guerra en Iraq y Afganistán, hace pensar que la frase del general Gore pronunciada en 1992 condensa la ambigüedad de la relación entre militares y situaciones extremas en el mundo contemporáneo. La legitimidad de la presencia militar y el consenso de transferir poderes no había sido necesariamente problemática para los analistas y científicos sino hasta hace muy poco. Por ejemplo, y para introducir un caso latinoamericano, el terremoto de México del 19 de septiembre de 1985 constituye un referente ineludible para el análisis de la acción social y de la intervención pública en la vida de los damnificados.
Durante la emergencia en ciudad de México no se impuso el estado de excepción a través de medidas drásticas sino que los militares se ocuparon de «acordonar» las zonas afectadas, sin que se encargaran directamente del salvamento. Los analistas no criticaron en ese momento los eventuales abusos cometidos por las fuerzas del orden sino más bien la proliferación inaudita de agencias gubernamentales: comisiones, comités de apoyo, grupos de trabajo, subcomités, «para que creyéramos que el gobierno lo hacía todo» (Aguilar Zinser, 1986: 91). En Venezuela fue la militarización la que abarcó todo el espacio de acción del Estado.
Los fuertes militares Tiuna en Caracas, Guaicaipuro en los Valles del Tuy, Terepaima en Barquisimeto, así como algunas bases aéreas y bases navales recibieron a más de 100 mil damnificados que permanecieron allí durante un año. «Los fuertes militares fueron una idea maestra, una solución mágica de Chávez para solucionar el problema del alojamiento de los damnificados», señalaba con mucho énfasis una alta funcionaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en una entrevista que me concedió en mayo de 2000. Según mi informante, para el gobierno bolivariano la cuestión no era tanto una presencia militar para garantizar el orden y la seguridad, sino asegurar el desempeño de una labor social que deben los efectivos de las Fuerzas Armadas cumplir en la República recién fundada.
Es decir, los militares no están allí sólo para la ocasión, sino porque se trata de un nuevo modelo político de acción estatal. Los burócratas de la primera administración del presidente Chávez lo expresaron de manera diáfana: de lo que se trataba era de involucrar a los militares, de invitarlos a participar activamente en la «recuperación social» de las víctimas. La situación social de las familias víctimas que habían quedado bajo la égida militar era en efecto precaria. Un estudio socioeconómico realizado en los fuertes militares y refugios demuestra en efecto que 70 por ciento de las familias damnificadas se ubicaba por debajo del umbral de la pobreza (España, Luengo y otros, 2000), 59 por ciento declaró que su vivienda era una casa en un barrio, 33 por ciento un rancho y 8 por ciento venía de viviendas en zonas de clases media. Más del 87 por ciento declaraba la imposibilidad de recuperar su vivienda.
No era sin embargo la primera vez en la historia contemporánea del país que se alojaban damnifi cados en zonas militares. El 8 de agosto de 1993, la ciudad de Caracas y parte del estado Miranda fueron profundamente afectados por la tormenta Bret. En ese momento, la alcaldía del municipio Libertador estaba en manos de Aristóbulo Istúriz, miembro de La Causa R, partido político de izquierda que ese año también ganó la gobernación del estado Bolívar. Victorioso en la contienda municipal del 4 de diciembre de 1992, Istúriz había capitalizado la turbulencia política de los dos golpes de estado fallidos de los comandantes bolivarianos, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de ese año y del rechazo a los partidos AD y Copei<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-45" id="ref-45">45</a></sup>. Durante la gestión de Istúriz como alcalde del municipio Libertador se negoció entonces con los militares el alojamiento de los damnificados de Bret en Fuerte Tiuna, quienes cedieron espacios desocupados en ciertos batallones. Ahora bien, el hospedaje de los damnificados de Bret y de la Tragedia en Fuerte Tiuna no es comparable porque no hubo en el primero una participación directa en la gestión de los programas de ayuda ni en la organización los refugios; es decir, el compromiso de las Fuerzas Armadas no era en 1993 una apuesta política, como era el caso, y de primer orden, a finales de 199946.
En términos de estrategia militar, la tarea de alojar a los damnificados de la Tragedia en los fuertes necesitó de un despliegue logístico importante. En teoría, las familias debían ser censadas primero y a partir del número de plazas disponibles en cada cuartel se «enviaba el contingente» a destino en buses y otros medios de transporte militar. Sin embargo, la situación concreta, en el terreno, revelaba otra realidad: la información estaba desperdigada, los censos se multiplicaban sin cesar y los refugios de emergencia (el Poliedro, el Estadio Universitario, el Parque Naciones Unidas, etcétera) estaban desbordados, lo que hizo que la coordinación del tránsito hacia los fuertes fuera casi imposible. La desinformación sobre la operación de alojamiento de emergencia y la manera atropellada en que se ejecutó el tránsito masivo hacia los fuertes hizo que los damnificados vivieran esta experiencia como una sujeción total en la que estaban a la merced de autoridades abusivas, con todo lo que ello implica en Venezuela.
Un testimonio publicado en la prensa da cuenta de lo que para muchos significó estar en manos de efectivos militares durante la operación de ocupación de los fuertes: «Me sacaron [los militares] junto a mis dos hijas y otras 50 personas del Complejo Educativo Jesús Obrero [Catia, Caracas]. Nos dijeron que teníamos que abandonar esa escuela porque falta poco para que empiecen las clases, pero nos aseguraron que nos llevarían al cuartel militar Los Roblecitos, de Guárico, donde estaríamos bien. Apenas llegamos allá, en la madrugada, nos llevaron al Poliedro [de nuevo a Caracas] porque en aquel lugar no había puesto para nosotros. Nos ruletearon tanto [durante una noche y un día completos] que llegué a pensar que querían que nos bajáramos del autobús para matarnos», contó Soraya Hernández, quien dice sentirse desesperada por salir del espacio de La Rinconada, aunque admite que siente más temor ante la posibilidad de que la envíen a algún lugar peor<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-47" id="ref-47">47</a></sup>.
El «ruleteo» es un término del habla coloquial venezolana que originalmente denota el recorrido de las ambulancias y patrullas que transportan heridos y enfermos que no tienen recursos o posibilidades de mostrarlos para ingresar a una clínica privada por los servicios de emergencia de los hospitales. El uso del término se ha extendido a otras las situaciones, frecuentemente extremas, en que las personas –heridos y enfermos pero también detenidos o presos– son trasportadas en vehículos oficiales de un establecimiento a otro en una angustiosa situación de coacción y de desinformación. Así las cosas, el uso del término para describir las situaciones vividas durante la evacuación de los refugios de emergencia pone de relieve la violencia institucional que fue apareciendo a causa de las múltiples fallas y la profunda falta de coordinación del realojamiento en los sitios militares.
La relación que la mujer entrevistada establece entre la evacuación del salvamento y la práctica del «ruleteo» muestra que los militares ejecutaron las operaciones de realojamiento con un grado tal de desespero, de improvisación, de desinformación y de incompresion de la situación que estaban viviendo las familias que necesariamente todo fue vivido por éstas como un acto violento. En efecto, el sen timiento de ser una carga incómoda para el chofer del autobús y los responsables hace que la mujer desesperada identifique la caótica transferencia fallida al cuartel militar de Guárico con una práctica de violencia extrema: una ejecución extrajudicial.
Lo que debería haber sido el traslado hacia un alojamiento en mejores condiciones, fue vivido como una pesadilla de cuarenta y ocho horas. La situación era desesperada. Nada de lo que se había planificado había funcionado y para los pasajeros del autobús lo único que les importaba a los militares era deshacerse de ellos y de sus familias, porque esa había sido la orden de los superiores.
Pensando en una escala global, la militarización es una disposición práctica frecuente para controlar y manejar en los desplazamientos masivos de población en el mundo. Los estudios de la antropóloga Liisa Malkki (1995a, 1995b) exploran de manera convincente las similitudes entre las disposiciones prácticas de los campos de refugiados y los campos de concentración, cuyo referente común es la presencia y el control de la situación por parte de las instituciones militares. En su estudio de la gestión de las poblaciones desplazadas a raíz del genocidio de Ruanda, Malkki muestra que el fuerte militar corresponde en efecto a la configuración espacial ideal para ejercer el control sobre una población determinada. Al establecer este paralelo no pretendo de ninguna manera sugerir que los albergues de damnificados instalados en los fuertes militares venezolanos sean una suerte de versión criolla de un campo de concentración.
Una aseveración de ese tipo no se sostendría por muchas razones, la principal de ellas sería que los damnificados no son ni prisioneros ni desplazados de guerra, son una población nacional cuyo estatuto civil no está cuestionado. Pudiera decirse, incluso, que contrariamente a un «campo de exterminio», el refugio de damnificados en zona militar sería un campo de reconstrucción de la vida, de recuperación de la normalidad de la cotidianidad de las víctimas. Lo que quiero decir es que existe una correlación directa entre el desplazamiento masivo de población –por obligación e incluso coacción– y el espacio militar. En la medida en que se trata de una población que debe ser controlada, tanto para velar por ella –alimentarla, alojarla y eventualmente emplearla en ciertas actividades– como para resguardar a la sociedad exterior de ella –como para impedir, por ejemplo, que se establezcan en cualquier otro espacio físico–. Terminemos por ahora siguiendo el planteamiento de Liisa Malkki (1995b: 499): es innegable que el hecho de circunscribir a una población a los límites de un fuerte militar responde a una estrategia de seguridad con respecto a una población damnificada, refugiada o desplazada, cuya libre circulación significaría, a los ojos del poder político, un peligro tanto para ella como para el resto de la sociedad.
El problema en los fuertes venezolanos fue la indefinición de la responsabilidad que los militares tenían para con sus huépedes.