Durante los primeros meses del año 2000, muchos batallones del Ejército del Fuerte Tiuna de Caracas recibieron damnificados. Los batallones son los conjuntos de edificios que albergan las tropas.

Cada uno tiene una unidad de mando independiente y dispone de oficinas administrativas, galpones, patios, talleres y «casinos»<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-48" id="ref-48">48</a></sup>. Fuerte Tiuna funciona como una pequeña ciudad, compuesta por varios batallones, la Guarnición de Caracas, la sede del ministerio de la Defensa, la Academia Militar, el espacio de recreación de los oficiales y sus familias llamado el Círculo Militar y áreas residenciales. El acceso a las instalaciones del fuerte es restringido. Las entradas están custodiadas por efectivos de la Policía Militar. Para poder llegar al batallón en donde tenía autorización para realizar mi investigación, debía pasar al menos tres controles de identidad, una revisión del carro y mostrar la autorización que había conseguido de un alto funcionario del FUS que señalaba que «agradecía que me brindaran todas las facilidades para realizar mi trabajo».

Pero, cuál sería mi sorpresa al llegar el primer día al fuerte que dicha autorización no me servía de mucho. Al llegar al patio en donde estaban alojadas las familias, me interceptó una oficial y al ver la carta de William Fariñas me dijo que no era suficiente y que era necesaria una firma de un oficial interno del batallón que comprobara la autenticidad de la carta y la sinceridad de mis intenciones.

La carta de William Fariñas no era una garantía dentro del Fuerte Tiuna. Me mandaron entonces a buscar un pase en la oficina del general de la Tercera División del Ejército. En la recepción de la Tercera División un sargento me dijo, después de mostrarle la carta de William Fariñas más la nota que me habían dado en el batallón donde estaban los damnificados, que él pensaba que sólo el jefe del Estado Mayor firmaba ese tipo de autorizaciones. Ya empezaba a hacerme a la idea de que nunca podría hacer mis entrevistas ni observar la vida del refugio. Me hicieron sentar en un sofá, colocado en las puertas de la oficina y al lado de un patio con vegetación. Me dijeron que tenía que esperar sentada y que no podía circular sin pedir permiso. Las horas pasaban, el zumbido del aire acondicionado de la oficina, el calor sofocante del medio día (había llegado al fuerte a las 8:30 am) y los mosquitos que iban y venían del patio con plantas hicieron que la espera fuera eterna. Me preguntaba si había entendido bien la consigna, si sería llamada, si tenía que atreverme a entrar, si podía devolverme a la recepción a preguntar.

De pronto apareció una cara amiga, una antigua compañera de la escuela de Sociología que trabajaba como enlace entre el FUS y el Estado Mayor.

Le expliqué la situación, me dio algunos consejos muy valiosos sobre el refugio y entró con mis papeles a la oficina del general. A los dos minutos salió con la carta firmada y además con una nota suplementaria en la que decía que se me «facilitara el acceso» al batallón.

Pienso que estaba presenciando sin saberlo un conflicto entre jerarquías militares: el presidente del FUS era uno de los tenientes coroneles que había acompañado al presidente Chávez en la intentona del 4 de febrero de 1992. Por su parte, la máxima autoridad de la Tercera División era un general activo del Ejército. Tuve la gran suerte de que mi generosa compañera de estudios fuera personal de confianza para el general. Lo que me quedó claro es que si ella no hubiera aparecido, la carta de William Fariñas no habría servido de nada dentro de Fuerte Tiuna.

La zona del batallón en donde estaban alojados los damnificados estaba compuesta por tres pabellones, nombrados «A, B y C», los tres unidos por aceras. Un gran patio central separaba el comedor de los lavaderos y de los sanitarios provisionales en plástico verde, como los que se usan para grandes eventos y aglomeraciones. Los sanitarios estaban en su mayoría cerrados con candado y desprendían un olor pestilente. El comedor, situado al otro lado del patio, servía también a soldados; era grande y ventilado, con bancos y mesas de plástico alineados. Las familias damnificadas estaban instaladas en galpones que habían sido desocupados, situados en las adyacencias del patio y del comedor, cercanos a un taller mecánico y a un depósito de armamento. Los galpones estaban organizados en su interior por tres grandes filas de literas separadas por tabiques. Los damnificados habían dispuesto pedazos de tela para garantizar un poco más de privacidad. Las literas estaban dispuestas en pares, en forma de «L» para recrear una habitación de cuatro personas, dejando un espacio central y una abertura hacia el pasillo. Las familias ocupaban las cuatro literas colocadas en diagonal y colgaban sábanas o cortinas para crear una «casa». Incluso, algunas habitaciones habían sido completamente cerradas con tela y sólo se podía entrar apartando cortinas que servían de «puertas». Cada galpón tenía cuarenta «habitaciones».

La vida cotidiana del refugio estaba organizada alrededor de un régimen de prácticas supervisadas de manera aleatoria por los oficiales. Durante los primeros meses de funcionamiento del refugio, es decir, entre los meses de enero y mayo de 2000, los militares y responsables del FUS habían impuesto una rutina cotidiana con horarios fijos, para intentar adecuar lo más posible la vida de los damnificados con la del regimiento. Sin embargo, cinco meses después la tarea parecía imposible porque se había generado toda una serie de excepciones, de casos especiales, en lo que concernía a los horarios y a las necesidades particulares de las familias que los militares no habían contemplado al principio. Los oficiales entrevistados me contaban que, durante las cuatro primeras semanas de funcionamiento del refugio en el batallón, el «orden» había sido la prioridad. Hacían énfasis en el hecho de que habían sido particularmente vigilantes con respecto a la imposición de horarios estrictos para las comidas, a la obligación de salir de los galpones durante el día y a la restricción de las salidas fuera del fuerte, a la incentiva de «insertarse» en los planes de empleo rápido (PER) que se les proponía a los damnificados en el marco del Plan Bolívar 2000.

El funcionamiento del mecanismo de atribución de empleos de los PER marcaba la rutina y la organización cotidiana de los damnificados, en particular las de las mujeres. Carolina venía del barrio Blandín, situado en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Tenía en sus manos un recorte de periódico del 17 de diciembre, parecía del diario Últimas Noticias, con la crónica de lo ocurrido en los barrios de la llamada carretera vieja. Pude retranscribir lo que decía el recorte: Deslizamientos de tierra en el sector Blandín, el cual se encuentra en la carretera vieja de La Guaira.

Sucedió en la noche del día 15, («…a las 12:30 de la noche del día 16 la quebrada se salió…») probablemente debido al desbordamiento de la quebrada Marigüitar la cual se llevó un gran número de viviendas (se estima en 600) en un efecto tipo «dominó», el cual se extendió hasta el barrio El Paují, kilómetros más abajo; pasaban piedras de más de 2 metros de altura. No hubo daños en las torres de alta tensión. El número de muertos se estima en 50.

Se han cuantificado más de 1.070 viviendas destrozadas y alrededor de 10.000 damnificados; algunos han sido trasladados a los centros de damnificados.

Hace unos diez años hubo una tormenta muy fuerte, pero ninguna como esta.

Carolina tenía cuatro hijos: la niña mayor de siete años, un varón de seis, otro de cinco y un bebé de meses. Nuestra relación comenzó porque Carolina buscaba ayuda para apoyar a su hija mayor, sordomuda, quien estaba escolarizada en Catia en una escuela en donde le brindaban educación especial. La niña estaba bastante adelantada en el lenguaje de signos y se expresaba con facilidad con su mamá. Antes de la Tragedia, Carolina trabajaba en una librería en Catia. Corría el mes de mayo, y su bebé tenía cuatro meses, por lo tanto, había nacido mientras vivían en el refugio.

Carolina sufrió la emergencia en el último mes de embarazo. Se había propuesto conseguir un empleo en el Plan Bolívar 2000, pero la cuestión era con quién dejar a los niños. Estaba bastante mortificada porque, según ella, había niños grandes y jóvenes que amenazaban con abusar sexualmente de los más pequeños.

Yo estoy todo el día detrás de mi hija porque como ella no habla y no puede gritar si le pasa algo… Pero es que las mamás se encierran en los cuartos (detrás de los pedazos de tela) y no vigilan a los niños y yo sé que hay grandes que se tocan las partes delante de los más chiquitos. Ya el comandante dijo que uno no puede pretender que las maestras del preescolar y la psicóloga se ocupen de los niños. Es verdad que las mamás no se ocupan pero también es verdad que aquí no se puede ni dar nalgadas ni alzar la voz porque enseguida lo acusan a una de maltrato infantil. (Entrevista con Carolina, Fuerte Tiuna, 15 de mayo de 2000).

Nuestras conversaciones giraban alrededor de cómo conciliar su integración en el Plan Bolívar 2000 con el cuidado de los niños. El problema urgía porque la fase de reclutamiento de los PER había sido anunciada por el FUS. Los trabajos consistían en labores de limpieza en el fuerte militar, en particular de calzadas y jardinería. Carolina estaba descorazonada cuando vio llegar a la misma persona que había ido cuatro meses antes, justo después de haber dado a la luz. Según ella, era un funcionario del FUS que la había maltratado diciéndole que «si había parido no podía trabajar, y que además, no tenía cédula». Carolina me decía: No tengo cédula, pero pude recuperar las partidas de nacimiento de los muchachos. Además, yo participé en el plan de cedulación rápida que montaron en el Parque Naciones Unidas, pero nunca pude ir a buscar mi cédula. El tiempo pasó y ya no sé dónde está. (Entrevista con Carolina, Fuerte Tiuna, 15 de mayo de 2000).

Al día siguiente visité la guardería y el preescolar que habían puesto a la disposición de los damnificados y entendí mejor las reservas de Carolina. Se trataba de locales abiertos, inadecuados para niños pequeños, con maestras y asistentes «voluntarias», sin dotación ni acreditación alguna. Me di cuenta entonces de que las posibilidades de trabajar eran prácticamente nulas para las madres con hijos pequeños. Carolina dependía totalmente del dinero que pudiera aportarle su marido, quien la visitaba de vez en cuando y se quedaba a dormir, siempre y cuando lograra entrar antes de que cerraran las puertas del fuerte, a las ocho de la noche.

La prohibición de quedarse en los cuartos durante el día también era un elemento importante en la ambigüedad que reinaba en la organización de la vida cotidiana del cuartel. Cuando le pregunté a uno de los oficiales que entrevisté las razones de mantener obligatoriamente a la gente fuera de las habitaciones durante el día, me dijo que «el problema es que si se quedan en el cuarto, duermen todo el día, y el ocio no es bueno». Otro oficial que escuchaba nuestra conversación me aclaraba, «es que estar encerrado da malos hábitos, la gente ociosa no respeta las reglas». Aunque no se decía explícitamente, la intimidad de las familias siempre fue un problema para los militares. En numerosas ocasiones, los oficiales declaraban que había que evitar a toda costa que los cuarteles se convirtieran en «casas de vecindad». Sin embargo, el paso del tiempo había hecho que fueran progresivamente cediendo y que renunciaran a la pretensión de impedir que las personas pasaran el día en sus habitaciones. Los damnificados, que eran en su mayoría hombres jóvenes desempleados y madres con hijos pequeños permanecían entonces en los galpones, eludiendo la consigna.

Los militares habían renunciado también a aplicar de manera estricta las medidas disciplinarias que les habían impuesto a los soldados, con respecto a la circulación en el área donde se encontraban las familias. Cuando comenzó a funcionar el albergue, a principios de 2000, los soldados del conscripto tenían interdicción de entrar a los galpones ocupados por los damnificados. Sin embargo, durante mi estadía en mayo de 2000, veía a los soldados circular libremente por las instalaciones destinadas a albergabar a los civiles. Venían a comprar cigarrillos en las «bodegas» que algunas familias habían instalado en las habitaciones, a comer en las pequeñas ventas de comida que abrieron cuando los oficiales superiores dejaron de vigilar el uso de la electricidad y aparecieron hornillas eléctricas para cocinar e incluso venían a ver televisión en una sala improvisada instalada alrededor de un aparato que habían logrado hacer funcionar con un cable de extensión y un sofá destartalado. Las relaciones de pareja, de amistad y de complicidad florecían y se consolidaban entre soldados y damnificados.

La vida cotidiana de los galpones de damnificados en el Fuerte Tiuna también estaba marcada por la circulación de rumores. Todas las semanas había uno distinto. Los más angustiantes para las familias eran aquellos que daban cuenta de un supuesto malestar entre ciertos oficiales superiores ocasionado por la presencia de damnificados en el fuerte. Al parecer los oficiales tenían una preocupación particular con respecto al «deterioro en la infraestructura física» ocasionado por el uso de las instalaciones.

«Lo que pasa es que los damnificados no saben apreciar lo que es vivir en el fuerte» me dijo un general que «me mandó a llamar» a su oficina cuando supo que «yo venía de París a estudiar este problema de los damnificados». Cuando le expliqué mi propósito de «conocer la experiencia de las víctimas de una catástrofe» asoció mi proyecto con una obra de caridad y, amablemente, me permitió seguir frecuentando el batallón. Sin embargo, al finalizar la conversación, insistió en que los damnificados «nunca entenderán la oportunidad que se les está dando al dejarlos vivir en Fuerte Tiuna».

Después de hablar con el general, volví al batallón y le pregunté al teniente si acondicionaría mejor la parte sanitaria destinada a atender las necesidades de las familias. Me respondió que no iban a sustituir los baños plásticos temporales ni permitirles a los damnificados usar los de la tropa porque: Los damnificados no saben usar un baño. Ya destruyeron los del Poliedro, ahora no vamos a dejarlos venir a destruir los nuestros. (Teniente coronel, responsable de refugio, 23 de mayo de 2000).

Mi asombro ante tal respuesta no fue del agrado al teniente. Me quedaba claro además que mi posición era cada vez más delicada porque por el hecho de «circular» entre militares y civiles así como «venir todos los días a conversar» me ponía en una situación delicada en la que podía ser percibida e identificada como el vehículo de los chismes. Es por eso que el responsable de la cita anterior me había dicho unos días antes: «Señora, escriba allí en su libreta que nosotros organizamos actividades deportivas con los niños los fines de semana y que esos niños no hacían nada de eso antes de vivir aquí». (Teniente coronel, responsable de refugio, 20 de mayo de 2000).

La escena de un informante (militar) indicándole al etnógrafo lo que debe escribir en su cuaderno de trabajo de campo dice mucho de las implicaciones metodológicas de investigar en una zona tan custodiada, completamente ajena a la idea de la presencia de sujetos que puedan observar y eventualmente cuestionar sus prácticas y hábitos. Esta escena me sirvió de entrada en muchas presentaciones sobre la cuestión de la distancia, la reflexividad y la implicación del investigador en el terreno: ¿cómo manejar la reproducción y mi asimilación a las jerarquías en el terreno? ¿Por qué registrar las cosas que se hacían bien en mi libreta se tornó algo tan importante para los militares encargados del refugio? Mi presencia materializaba muchas cosas no dichas, no solventadas en la relación entre damnificados y militares. La posibilidad de que los malestares propios de la convivencia de grupos sociales pertenecientes a mundos sociales diferentes, marcada por la jerarquía y por la ambigüedad en el dictamen de las normas, trascendieran fuera del fuerte militar, y en particular que llegaran a la prensa, era siempre un motivo de preocupación para los responsables militares de los refugios.

Para ciertos oficiales, el sólo hecho de que el espacio marcial estuviera habitado por familias, y para más colmo, familias pobres, generaba no sólo un daño físico a las instalaciones sino también un daño moral a la institución. La parte del batallón que estaba habitada por los damnificados se parecía cada vez más a una vivienda colectiva. La imagen del fuerte convertido en una casa habitada por mujeres y niños generaba una incomodidad palpable y era percibida como peligrosa para la tropa.

Una de las fuentes de conflicto entre militares y damnificados eran los lugares para tender la ropa.

Las mujeres lavaban a mano, en el patio central, al lado de los baños. Pero, al no tener tendedero, usaban con frecuencia las rejas que separaban los galpones de los talleres mecánicos. ¿Qué más alejado de los rigores de la disciplina militar que la exposición de la ropa de mujeres y niños en las rejas que protegen el acceso a los tanques de guerra?

Cuando Carolina me contaba sus peripecias para poder lavar y secar la ropa de su familia, me decía: El problema es que el comandante no permite que sequemos la ropa al sol. Entonces tenemos que buscar otros lugares escondidos, pero no se seca.

Además, el problema es que si la escondemos demasiado, y no la tenemos a la vista, nos la roban.

(Carolina, refugio Fuerte Tiuna, mayo de 2000).

Un general, dos tenientes y un sargento, al creer que yo era funcionaria del FUS, me hicieron saber su desacuerdo con la prolongación indefinida de la estadía de las familias en el fuerte. Les aclaré que yo no podía hacer llegar sus quejas al FUS porque no trabajaba en la institución, pero me dijeron que de todas maneras hablara con quien hablara, era bueno que se supiera que la presencia de las familias damnificadas se estaba convirtiendo en un problema para la institución militar. La situación se había invertido para los militares: en vez de proteger a los damnificados, había que protegerse de ellos.

«Las mujeres molestan a los soldados», me decía un sargento que observaba a los soldados que entraban y salían del galpón. Además, las mujeres, empleadas por el Plan de Empleo Rápido codirigido por el Plan Bolívar 2000 y el FUS desarrollaban labores de limpieza, por lo que circulaban por las calles y avenidas del fuerte. Los soldados se detenían a conversar con ellas o les gritaban piropos desde los vehículos que pasaban cerca. Y no sólo las mujeres de los refugios eran un factor de perturbación para la tropa, también los hombres lo eran. Un oficial insistía, aún cinco meses después de la instalación del albergue, en la necesidad de volver a la norma de exigirles a las familias que pasaran el día fuera del galpón: «Es que los (hombres) flojos son un mal ejemplo para la tropa». Haciendo un gesto con la cabeza que señalaba a los adolescentes que se quedaban en las habitaciones todo el día y escuchaban música salsa a un volumen elevado. El sargento me decía que se la tenía que pasar «cazando» a los soldados que lo que querían eran ir al galpón a fumar, ver televisión y hablar con las mujeres.

Sin duda alguna resultaba contrastante la actitud de los militares de querer ejercer una especie de autoridad paternal y protectora –en particular ciertos oficiales de alto rango– que decían estar preocupados por el «destino de las familias», con la gestión cotidiana de un espacio ocupado que se