Los desastres naturales hacen que los gobernantes se sientan amenazados. Las catástrofes provocan el desborde de las emociones y la búsqueda de culpables. En una sociedad como la venezolana, profundamente marcada por la presencia estatal, vale la pena entonces preguntarse por el sentido político que se le dio a un acontecimiento natural que tuvo mayor impacto que cualquier acción del Estado. Podemos pensar, por ejemplo, que la expulsión progresiva de todos los socorristas voluntarios de los centros de refugio por parte de los militares respondió al interés del gobierno de apropiarse del capital político que generó la desgracia. Con esta observación hipotética no pretendo ensalzar per se la labor de los voluntarios –que dentro de las representaciones reductoras de la polarización venezolana serían los representantes de una inmaculada y apolítica «sociedad civil»–, sino más bien entender cómo el gobierno nacional, a través de las Fuerzas Armadas, se hizo dueño del mayor episodio de sufrimiento colectivo de la historia contemporánea del país.