Durante los trabajos de campo realizados durante los años 2001, 2002 y 2003, me dediqué a observar la cola de damnificados que esperaban ser atendidos en las oficinas del Fondo Único Social en el piso 42 de la torre Oeste de Parque Central. La mayoría de las personas declaraban ser «casos de salud». A finales de noviembre de 2001, y después de mucho insistir, un teniente coronel del Ejército venezolano, de aproximadamente 35 años de edad, responsable de un alto cargo en el Fondo Único Social, me concedió una entrevista. Cuando le pregunté sobre su papel en la asignación de viviendas a las familias damnificadas, me respondió: Nosotros no asignamos viviendas, nosotros no somos un organismo competente en la asignación de viviendas. Lo somos por las circunstancias, la emergencia de 1999. (...) Bueno, es que el año pasado fue excepcional porque el proceso de asignación se hizo desde aquí. A partir de un estudio socioeconómico hecho a la familia, nosotros validamos que se le otorgue la vivienda a la familia que más lo necesita. El estudio socioeconómico, los requisitos, que no son requisitos, sino que es una documentación que ellos (los posibles beneficiarios) tienen que traer para poder procesar la demanda, como la partida de nacimiento, por ejemplo. Las prioridades son la «carga familiar»… Bueno, es que aquí no tenemos ninguna metodología específica, eso no existe. No tenemos una metodología. Tú lo sabes, en las ciencias sociales trabajamos con lo «cualitativo». (Teniente, FUS, Parque Central, jueves 29 de noviembre de 2001).
La reflexión del joven teniente acerca de la misión del FUS resulta en efecto desconcertante si se tiene en cuenta que manejaba todos los recursos del Plan de Dignificación de la familia venezolana, que se le otorgaron de manera extraordinaria en el marco de la emergencia. Le pregunté entonces si eran los militares del Plan Bolívar 2000 los que imponían sus criterios en la atribución de los créditos para obtener las nuevas viviendas y, después de una expresión de sorpresa ante mi conocimiento del funcionamiento de las instituciones implicadas en el asunto de los damnificados, obtuve una respuesta evasiva. Me dijo que para ese momento el FUS había logrado atribuir 14.000 nuevas viviendas en el interior y que según sus estimaciones, solamente 1.000 familias habían abandonado sus nuevos hogares. El joven teniente insistía en hacerme ver que mi «abordaje del problema estaba equivocado, porque lo que debería estudiar cuáles eran las razones por las cuales la gente no se queda donde la mandamos». Le respondí diciéndole que el realojamiento en los Valles del Tuy no había tenido problema, a lo que me respondió: En los Valles del Tuy no vas a ver proceso de adaptación porque [esa región] esta circunscrita a la región capital. Nosotros le hemos tenido que dar respuesta a una población que estaba desasistida y que estaba viviendo en refugios desde hace mucho tiempo. Incluso cada vez que llovía, metían a la gente que se le caían los ranchos y los llevaban a refugios.
Hemos tenido que atender esa realidad social. Para tu evaluar un proceso de adaptación a otro hábitat tienes que ver otros estados como Portuguesa o Barinas. O Maracaibo. En Portuguesa ha habido muchos problemas. La gente que se ha venido debería haberse quedado.(Teniente, FUS, Parque Central, jueves 29 de noviembre de 2001).
No es mi intención ironizar sobre las inquietudes sociológicas del teniente ni menospreciar sus esfuerzos para que la relocalización en el interior fuera exitosa. Me limitaré a señalar el esfuerzo que hacía por borrar la particularidad de la Tragedia al intentar presentar al problema de los damnificados como «un problema de siempre». Cierto es que siempre han existido damnificados por lluvias pero la magnitud del problema es un hecho innegable así como también la creación de organismos gubernamentales especiales para atenderlo. Mis preguntas le resultaban ciertamente incómodas porque, de manera indirecta, exigían respuestas concretas sobre la ejecución de los fondos presupuestarios extraordinarios de la dignificación.
Fuera de la oficina del teniente esperaba pacientemente su turno la señora María. Estuve conversando con ella durante aproximadamente tres horas, mientras esperábamos a ser recibidas. Entre sollozos María decía que le habían otorgado una nueva vivienda en Anaco, estado Anzoátegui. Antes del desastre vivía en La Pichona, Catia La Mar, estado Vargas, de donde era oriunda. La catástrofe le dejó tres nietas huérfanas, menores de diez años: «Ellas están solitas, esperándome en la nueva vivienda de Anaco». La señora María sufre de una cardiopatía congénita, es hipertensa y quería hablar con el teniente coronel para que la «relocalicen por motivos de salud». Me decía que le era imposible vivir en Anaco a causa de su enfermedad.
Es que es un lugar muy aislado, lejos de los centros de salud (…) y allí no puedo dejar solas a las niñas.
Antes yo me trataba el corazón en el hospital del Seguro Social de La Guaira, ahora, no tengo a donde ir. (María, fila de espera, FUS, jueves 29 de noviembre de 2001).
María «había rodado toda la noche» para ir directamente de Anaco al FUS. Era la tercera vez que hacía el viaje y en sus visitas anteriores no había obtenido respuesta a sus demandas. Nadie en el FUS había escuchado su caso ni visto la historia médica que tenía en las manos y que apretaba con angustia: un paquete de informes médicos, sucios y gastados que explicaban sus dolencias cardíacas y reumáticas, las primeras aparentemente bastante graves y que ameritaban un seguimiento continuo.
Salí de la entrevista con el militar y me di cuenta de que la demanda de la señora María tampoco sería atendida en este viaje. Aun cuando le tocaba a ella, el joven teniente había dejado entrar a sus asistentes a la oficina para una reunión y no recibiría más al público. Era más de mediodía y él sólo se atendía en las mañanas.
Tal como lo muestra la escena, no bastaba ser un «caso de salud» para ser tratado como tal en las oficinas del FUS. ¿Por qué María era invisible a los ojos del joven teniente si cumplía con todos los requisitos para que se le otorgara el tratamiento particular que ella requiere y que el FUS ofrecía además explícitamente en las circulares pegadas en las paredes, esto es, ser tratada como un «caso de salud»? Tiene a su cargo dos niñas pequeñas, no tiene pareja, sufre de una patología cardíaca y precisa por lo tanto de estar cerca de un centro urbano. El discurso del teniente coronel era diáfano al explicar las razones de la decisión de no ver el problema del retorno de casos como el de María.
Al final de nuestra reunión, identificó mis preguntas con una provocación y respondió, alterado: El retorno es un saboteo permanente. La oposición siempre ha fracturado cualquier tipo de mejora so cial. Los que se han devuelto no quieren ni lavar ni prestar la batea. ¿Cómo es posible que tengan una casa en Portuguesa y prefieran estar aquí, venir a bañarse las mujeres junto con los hombres? Esas son las situaciones que se presentan en esa clase de albergues y eso es lo que prefieren. (Teniente, FUS, Parque Central, jueves 29 de noviembre de 2001).
Veamos ahora al retorno a la luz del dispositivo institucional que María intentaba hacer valer. Las autoridades del FUS crearon la categoría de caso de salud quizás porque creyeron que sólo una minoría pediría una reubicación. Sin embargo, las colas matinales en esa oficina demostraban que muchas familias alegaban motivos de salud para solicitar una relocalización. Para negociar la reubicación con el FUS había que demostrarle al organismo que se estaba enfermo de verdad. El problema es que la institución partía del principio que ese tipo de alegatos no eran sino tácticas para regresarse a Caracas. Los antes dignificados tenían que volver a exponer su sufrimiento para volver a ser considerados como sujetos legítimos de una política social que había sido creada especialmente para atenderlos. «La gente que busca venirse es finalmente más por idiosincrasia que por problemas reales de salud», me dijo el teniente en su oficina de Parque Central cuando le pregunté cuánto tiempo tenía que esperar un enfermo que venía a pedir un cuarto en un refugio de Caracas.
La señora María fue una dignificada pero la indemnización que obtuvo la perjudica y no le conviene. Pero ahora su historia no conmueve a nadie en el seno de la institución. Ella no tiene los medios de dar a conocer su nuevo drama y además nadie la quiere escuchar. La condición víctima de la Tragedia le dio la visibilidad institucional que la hizo beneficiaria de una indemnización: la vivienda. Y una vez que pasó de ser damnificada por el desastre a dignificada por el gobierno nacional, se le agotaron los recursos para ser escuchada nuevamente en las instituciones. El desastre aniquiló a sus hijos (su fuente de sustento), la alejó de su barrio, de sus redes de soporte familiar y de amistades, dejándole a su cargo tres nietas, haciéndola dependiente de la ayuda del Estado. Es una mujer mayor, pobre y sin pareja. Al tener que migrar a una zona aislada, tendrá menos posibilidades de acceder a los servicios médicos y por lo tanto, más probabilidades de morir, porque su cardiopatía amerita medicación y seguimiento continuo. Dispone sin embargo de un recurso –su cardiopatía– para negociar con la institución ya que esta última considera como válido alegar la enfermedad para conseguir una habitación en un refugio en Caracas. Por eso María piensa que por ser «caso de salud» obtendrá de nuevo los derechos que la catástrofe le otorgó de forma excepcional: otra casa. No digo que ella no amerite ayuda en tanto que «caso de salud», sino que su enfermedad es lo que ella pone por delante dentro de la institución. Dicho de otra manera, es su cardiopatía la que la hace tener esperanzas de ser escuchada en la institución.
Pero, para el FUS, ya los damnificados no existían, todos eran dignificados o en vías de dignificación. Exasperado, el teniente me interpeló al final de nuestra reunión: ¿Pero bueno, a qué llamas tu damnificados? ¿A los que están en los refugios? ¿Pero de qué refugios me estás hablando? ¡Esos son refugios son temporales!
(Teniente, FUS, Parque Central, jueves 29 de noviembre de 2001).
La posibilidad de que estos espacios se volvieran perennes no parecía pasarle por la cabeza al voluntarioso teniente. Subamos el nivel de análisis para intentar discernir la lógica del razonamiento militar. La manera en que eran tratados los «casos de salud» hace parte de la misma lógica que la que sostiene al operativo y de la manera de funcionar de las políticas sociales del régimen bolivariano con respecto a las patologías y males ordinarios que afectan a la población socialmente menos favorecida en Venezuela<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-80" id="ref-80">80</a></sup>. En operativo de atencion odontológica organizado en la avenida Bolívar de Caracas en el 2003, pude observar la siguiente escena. Los tenientes y sargentos del Ejército organizaban la consulta, junto con los funcionarios del FUS.
Un odontólogo me explicaba: El teniente que organiza la consulta en el operativo me dice que tengo que ver, obligatoriamente, a cincuenta pacientes. Evidentemente, ver a cincuen ta pacientes en una mañana es imposible, así que básicamente me limito a dos cosas: A los adultos les hago sólo extracciones… lo que moleste, pa’ fuera… A los niños sólo les hago baños de flúor. (Entrevista odontólogo, FUS, «operativo» avenida Bolívar, Caracas, junio de 2003).
Este extracto ofrece elementos para comprender la concepción que se tiene del paciente en la organización del servicio que se está prestando. La opción que escoge el profesional de «sólo realizar extracciones» obedece a la organización del servicio como emergencia. En estas circunstancias, se hace imposible pensar en un tratamiento odontológico a largo plazo, es decir, que amerite varias visitas y un seguimiento. La extracción de los dientes, normalmente último recurso de la atención odontológica, es entonces tolerada, pero como es preciso hacer algo, se practican en los adultos y los niños «sólo» reciben baños de flúor. Tal y como escuchamos frecuentemente en Venezuela, «...bueno, es que al menos se tiene acceso a eso». Incluso, a veces se justifica la extracción de sus dientes porque así «se evitan males mayores». Males mayores significan tratamientos más costosos a los cuales la gente de bajos recursos no tiene prácticamente acceso. Así, aun contando con buenos profesionales y con recursos financieros importantes, la lógica militar de atención de emergencia conduce a la relegación y genera soluciones precarias para los precarios, desplegando, paradójicamente, enormes recursos y gran cobertura mediática.
Veamos otra escena. Una joven odontóloga que realizaba su pasantía rural en el sur del estado Anzoátegui nos decía: En un sábado, las tres odontólogas atendíamos en promedio, a 200 personas. Yo realizaba en promedio entre 70 y 80 extracciones. Los pacientes se sentaban en sillas plásticas no reclinables, pero eso era lo de menos, porque es incómodo pero se hace. Sin embargo, el ruido de la música afuera era ensordecedor. (Entrevista doctora pasante, estado Anzoátegui, julio de 2004).
Cuando le pregunté acerca de la capacidad de resolución de casos más complejos, es decir, aquellos que no se resolvían con la extracción de la pieza cariada, me respondió: Normalmente teníamos una lista de todos los centros de salud a los que remitíamos a los pacientes en caso de que la extracción no se podía realizar (…) A no todo el mundo se le podía hacer extracciones, a veces éstas no son fáciles de hacer. Como no podíamos hacer suturas, no podíamos resolver el caso. Teníamos material solo para realizar extracciones simples. Guantes, anestesia, etcétera. Pero cuando uno remitía a los pacientes a un centro de salud, porque no podíamos resolver el caso con lo que teníamos allí, la gente se molestaba muchísimo, se armaban unos líos enormes porque la gente quería que le hiciéramos todo allí, y no era posible. (Entrevista doctora pasante, estado Anzoátegui, julio de 2004).
Por estar organizado siguiendo la lógica de la emergencia, el «operativo» está marcado por la improvisación, lo cual se traduce en problemas prácticos, como por ejemplo garantizar la asepsia en una carpa. Sin embargo, el principal problema evocado por los profesionales era el poco tiempo para la consulta y la imposibilidad de hacerle seguimiento al paciente o de desarrollar un tratamiento que requiera varias sesiones. Los organizadores del operativo les imponían a los médicos y odontólogos hacer consultas rápidas para que pudieran «ver a toda la cola» durante la jornada.
Uno de los elementos fundamentales de la lógica del operativo es que genera una imagen en el espacio público que combina por una parte la atención a una emergencia y por otra la emoción.
La imagen mediática de la emergencia crea inmediatamente una fuente de legitimidad de la acción política. Siempre es preciso «hacer algo» ante una emergencia. No importa cómo. Al movilizar la lógica de una acción humanitaria en sus programas sociales, el gobierno escapa a las críticas porque la ayuda humanitaria cuyo objetivo es salvar vidas está exenta de explicaciones. Es una acción de por sí virtuosa, en el sentido de buena y noble. Es una acción autónoma y apolítica que no está sometida al debate público porque las intervenciones humanitarias no son susceptibles de ser cuestionadas.
El propio Presidente lo ha dicho, los programas sociales del gobierno bolivariano son acciones humanitarias<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-81" id="ref-81">81</a></sup>. Así, lo criticable no es pues lo «humanitario» de estas acciones, sino más bien una especie de perversión política de la lógica humanitaria. El caso de salud concierne al individuo, y el operativo a un colectivo, el primero es invisible, secreto; el segundo, está sobre mediatizado. Pero en ambos, el paciente, el usuario, está sujeto a la temporalidad de lo urgente, a la contingencia de la arbitrariedad, y al azar de la buena voluntad de los que detentan el poder.
Si insertamos este análisis en una perspectiva mundial, este fenómeno del Estado como actor humanitario no es nuevo ni propio de Venezuela.
La eficacia simbólica de lo humanitario se inscribe dentro de lo que Didier Fassin (2002: 679) califica como el «imperio de la emoción» de las escenas de intervención humanitaria, es decir, «la exposición del sufrimiento en la escena global». Así, en el operativo se atienden los males ordinarios de una población estructuralmente desasistida en un contexto extraordinario de emergencia. Estamos ante la movilización política de la justificación moral, que sostiene la intervención sobre el cuerpo de los pobres a partir de la combinación de lo que Hannah Arendt (1963) califica de la «compasión» y de la «piedad». El operativo justifica de por sí la improvisación y el despliegue excepcional de recursos en nombre de una acción humanitaria. Absuelto y abnegado, el Ejército bolivariano es el promotor y organizador de las políticas sociales compasivas puestas en marcha entre 1998 y 2003. Se trata de la reconfiguración local de las políticas de la piedad y de las políticas de la compasión en la escena contemporánea, siguiendo las figuras originalmente propuestas por Hannah Arendt (1990: 59-115) para analizar «la cuestión social» surgidas en la Revolución francesa. Las acciones del Plan Bolívar 2000 vuelven operativa la conjunción entre las políticas de la piedad (Arendt, 1990: 85, 94) y de la compasión (1990: 89) creando así un consenso entre el componente civil y el militar: ayudar a aquellos que sufren y padecen. El juntar efectivos militares y personal de salud en tiendas de campaña en plena calle tiene un fuerte peso simbólico. Una emergencia crea inmediatamente una fuente de legitimidad de la acción: es preciso hacer algo. No importa cómo.
Es una acción virtuosa, en el sentido de buena y noble. Por lo tanto es autónoma, apolítica y no está sometida al debate público. El pueblo victimizado se hace ahora visible en la arena pública gracias a su cuerpo desasistido o enfermo, remitiéndose a la imagen de filas de gente que espera pacientemente su turno de la consulta durante varias horas bajo el sol.
La situación de María muestra los límites de una política social basada en el «operativo». Sus dolencias requieren de una atención especializada que necesariamente quedan fuera de él, como es el caso de las enfermedades crónicas: diabetes, secuelas de accidentes cerebro-vasculares, cáncer, etcétera<sup class="fn-ref"><a href="../../notas/notas.html#fn-82" id="ref-82">82</a></sup>. Pero el problema de los casos de salud puede ser leído también a partir de la articulación antropológica específica entre el «cuerpo biológico» y el «cuerpo social», a partir de la cual se produce lo que se ha llamado en antropología la incorporación de la experiencia social. Siguiendo entonces la línea propuesta por Marcel Mauss (1999) acerca de la significación social del cuerpo en lo cotidiano que expone en su ensayo magistral sobre las «técnicas del cuerpo» en los años treinta del siglo XX, entendemos que el cuerpo humano es el locus de modos de acción que se diferencian según las sociedades (en el caso de Mauss, la magia, lo simbólico, la tradición, etcétera). La incorporación consta de dos dimensiones. Una «objetiva», cuando la traducción de las estructuras y las normas condicionan la vida cotidiana, y otra «subjetiva», que se refiere a la manera en que las personas les dan forma y sentido a lo que viven en su cuerpo, y a la relación que construyen entre su presente, su pasado y su futuro (Fassin, 2004a: 29). Tanto los «operativos» como los «casos de salud» constituyen maneras particulares que modelan objetiva y subjetivamente la experiencia incorporada, encarnada del padecer de las grandes mayorías en tiempos de Revolución bolivariana. El hecho que sea invocado el «caso de salud» para solicitar una excepción, un trato especial en la política de relocalización en el interior y no tomar en cuenta, por ejemplo, el hecho de estar alejados de centros de trabajo o de estudio es sin duda ejemplar de la incorporación de la relegación y del confinamiento. Es decir, en el marco de este dispositivo institucional los problemas médicos deberían ser de por sí una razón para recibir un tratamiento especial como beneficiarios de la política de vivienda, es decir, para establecer una relación con el Estado. El problema es que no siempre es así y que los damnificados tenían que desarrollar una serie de tácticas para captar la mirada de los que tienen el poder de calificarlos como beneficiarios.
Tanto en el «operativo» como en el «caso de salud», el cuerpo biológico de los individuos está completamente sujeto al tratamiento que quiera darle la institución. Pierre Bourdieu (1984: 29) diría seguramente que se trata de un buen ejemplo del «cuerpo socializado» o de habitus, es decir, aquellas maneras de ser o de hacer que se encarnan en el cuerpo. En el «caso de salud», la patología crónica debería dar acceso a un trato «especial» –de ciudadana– que nunca llega, porque socialmente María se volvió sospechosa al querer una casa en Caracas y no en Anaco. Descalificación moral que se explicaría también porque es intolerable para una institución comandada por militares que sus asistidos pongan condiciones. La frase del joven teniente coronel sobre el retorno a Caracas cristaliza el prejuicio de la institución (¿y quizás de la sociedad entera?) que justifica su mal funcionamiento invocando además la «cultura» de los damnificados que regresan a la ciudad.
Para terminar este aparte en donde espero haber mostrado cómo el confinamiento se traduce en el cuerpo mismo de los sujetos y la experiencia de las relaciones particularmente incorporadas –en el sentido de corpóreas, físicas– que se entretejieron entre las instituciones que garantizaban la asistencia, el Ejército y los damnificados, pienso en la tensión antropológica entre «personas» e «individuos» que propone el antropólogo brasileño Roberto Da Matta (2002: 184-185). En las relaciones de subordinación de la sociedad brasileña, las «personas» son tratadas con indulgencia y consideradas en su particularidad, mientras que los «individuos» son anónimos, manipulados y explotados.
Los individuos son anulados y humillados porque carecen de relaciones sociales que les permita afirmarse y ser «alguien». Así, el desfase entre el reconocimiento y el tratamiento que reciben los menos favorecidos en las escenas descritas hace pensar en esta distinción, materialización de lo que él llama el «dilema brasileño», incapaz de conciliar el autoritarismo y «la ideología del amor». En el caso venezolano, el presidente Hugo Chávez extrae a sus interlocutores del anonimato, los trata con cariño, les presta atención y se dirige a ellos públicamente considerándolos como pares. Es decir, los trata como «personas», y de esta manera promete el mismo trato a los individuos comunes y corrientes. A partir de la presencia del Presidente, de su voluntad, de su manera de manifestar la promesa de un trato al ciudadano basado en la ideología del amor, retomando el término de Roberto Da Matta, la expectativa de los usuarios en los «operativos» es, o quién sabe si hoy en día habría que decir era, enorme. La molestia que expresaban los pacientes de la escena reseñada cuando constataban el poco margen de maniobra real que tenía la odontóloga del operativo emite, en efecto, una señal tajante de decepción al constatar que, a pesar de lo prometido, son de nuevo tratados como «individuos» y no como «personas». Es de nuevo el autoritarismo y